Detrás de las luchas territoriales en Honduras existen centenares de historias que son protagonizadas por mujeres indígenas y campesinas. Son rostros coincidentes en la defensa territorial, en la persecución de que son objeto y en las acusaciones que existen en su contra, contenidas en expedientes guardados en el Ministerio Público.
Aunque son invisibles para la mayoría de los medios de comunicación, el rol de estas mujeres ha trascendido a nivel organizacional, estructural y en las bases de sus pueblos. Sus casos se han conocido más por la promoción de las organizaciones defensoras de derechos humanos y por alguna que otra noticia que las hace figurar más como nota “roja”, que recoge acciones de violencia como consecuencia del trabajo que realizan en la defensa de sus derechos. Esos mismos que se sustentan con más claridad, en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT).
Tres historias que a continuación destacamos, recogen y retratan la lucha de cientos de mujeres que en comunidades como la del bajo Aguán, del pueblo Topupan, Lenca y Miskito, han sido consistentes en la defensa de los derechos de sus pueblos.
Consuelo Soto contra “los cruentos tentáculos de la explotación minera”.
El contexto de las amenazas y violencia recibidas por Consuelo Soto, tiene similitud con el de otras lideresas indígenas. Esta lideresa Tolupán vive en una zona retirada, en las montañas de San Francisco de Locomapa, departamento de Yoro. El acceso al lugar es casi imposible en temporadas de lluvia, por la crecida de los ríos.
Se podría asegurar que la vida de Consuelo está “echada a la suerte”, ya que no existen en la pequeña comunidad transporte público efectivo, señales claras de telefonía y mucho menos un enlace con medios de comunicación que faciliten la posibilidad de salvar su vida, en caso de algún tipo de agresión en su contra.
Consuelo es una fiel promotora y defensora de los derechos de las y los Tolupanes, un pueblo que se caracteriza por coexistir en condiciones de pobreza y pobreza extrema; exclusión y abandono. Este escenario, además, está marcado por un entorno rodeado de riquezas naturales aptas para la explotación forestal, hídrica y de minerales. Es precisamente por lo endeble y paupérrimo del pueblo Tolupán, que se despierta el interés del sector público y privado para sacar provecho de esos recursos, a como dé lugar.
En ese contexto, el auge lo constituye la explotación minera y la lucha de Consuelo Soto y sus coterráneos, para evitar que se les expropien de sus bienes naturales.
25 de agosto del 2012: un día y año funesto para el pueblo Tolupán
Mientras mantenían una protesta que llevaba 20 días, tres de los miembros del pueblo Tolupán fueron asesinados. María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez, estaban en la manifestación pacífica en defensa de sus territorios. Según el relato de Consuelo, los sicarios la buscaban a ella y a dos compañeros más, que estaban en otras acciones de acompañamiento esa mañana.
Hasta la fecha, solo uno de los hechores materiales ha sido procesado, aunque en la acción participaron dos sujetos a quienes los miembros de la comunidad pudieron identificar. Son 38 miembros de la tribu Tolupán que permanecían en la zona ese día. Algunos de ellos abandonaron la comunidad porque el Estado no les ha garantizado protección.
Consuelo ha sido perseguida y, pese a las denuncias ante el Ministerio Público, sigue recibiendo amenazas contra su vida. “Mis hijos me dicen que ya no siga en esto, que me retire, pero yo voy a morir defendiendo esta lucha. Aunque ya me han mandado a llamar para ofrecerme dinero para que me retire, no voy a aceptar y sé que las autoridades están a favor de los que nos quieren despojar, pero no vamos a desistir”, asegura la lideresa Tolupán.
Los abogados que acompañan a Consuelo y demás miembros de su tribu, aseguran que el Estado, a través de instancias como la Fiscalía de las Etnias, no ha cumplido con dar protección a esta población que es víctima del afán explotador de los mineros.
Orbelina Flores y una lucha a muerte por recuperar las tierras
Orbelina es una mujer campesina, madre soltera, integrante del Movimiento Unificado Campesino del Bajo Aguán (MUCA) y del Observatorio de Derechos Humanos de la zona. Es suegra de José Ángel Flores, presidente del MUCA, asesinado en Octubre de 2016 junto a otro de sus compañeros, quien también gozaba de medidas cautelares, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Orbelina tenía cinco procesos legales que tiene como base la acusación de usurpación de tierras; ya logró desvanecer tres. Ella es parte de las más de mil 200 mujeres campesinas que deben presentarse a firmar a los juzgados, acusadas del mismo delito.
En una acción policial que fue presentada posteriormente como “hecho confuso”, por algunos medios de comunicación hondureños, la casa de Orbelina fue allanada sin orden judicial, en marzo de 2016. Ese día, según su relato, los miembros de la policía llegaron y entraron por la fuerza a su vivienda; ella fue maltratada y golpeada por los agentes que dijeron buscar al presidente del MUCA, José Ángel Flores.
“Ese día nos detuvieron por algunas horas y luego nos dejaron en libertad; era como una amenaza para el finado que se había venido de San Pedro Sula a ayudar a trabajar en nuestra comunidad”, agregó.
También recuerda que en protestas anteriores a ese hecho, fue humillada por agentes policiales. “Unos policías me dijeron: ey viejita usted no tiene derecho a andar allí. Me dan ganas de darle con este garrote en la cabeza; usted no tiene que andar ay, porque andan robando lo que no es de ustedes”.
Para Orbelina, el Estado es el mayor culpable de la violencia y despojo que reciben. “Si el Estado fuera responsable con nosotros, no nos estarían matando. Aquí se juega el narcotráfico, crimen organizado; ambición a mucho dinero. Por eso vivimos en esta pobreza nosotros los hondureños y nos tienen en esta guerra; la ambición al dinero. Buscan otras personas para que nos quiten la vida”.
Consuelo destaca que para las mujeres la situación es más difícil porque, en especial, en los asentamientos campesinos, viven entre el miedo y las amenazas a muerte que reciben constantemente. Aun así es una convencida de que debe seguir luchando por los derechos de su pueblo.
Miriam Miranda: Defensora y luchadora social con expediente por usurpación de sus propios territorios ancestrales.
La coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, (OFRANEH), Miriam Miranda, de reconocida trayectoria como defensora del ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas y garífunas, ha tenido varios episodios de criminalización y amenazas contra su vida.
En enero de 2017 aconteció la más reciente acción en la cual la defensora, junto a sus acompañantes de viaje, recibió maltrato policial. Miranda fue obligada a bajar de su vehículo y tratada con términos racistas y discriminativos. Según el relato brindado por ella, los miembros de la policía, aseguraban que tenían una orden contra Miranda y que debían detenerla. La acción fue cancelada después de que la lideresa garífuna realizara algunas llamadas que tuvieron, rápidamente, la reacción oportuna de diferentes sectores.
Miriam Miranda tiene varias denuncias vinculadas a la defensoría territorial de las comunidades garífunas. Asegura que no se ha presentado a las citatorias judiciales porque no tiene ninguna confianza en el sistema de justicia, en especial el Ministerio Público, donde existen varios procesos contra algunas de sus compañeras mujeres.
“Aparte de lo que significa el poder garantizar los alimentos, tenemos una migración permanente hacia las principales ciudades, donde la mujer debe asumir criar a sus hijos sola y sobretodo, como mujeres garífunas enfrentamos el hecho del despojo territorial. Tenemos muchas mujeres judicializadas que tienen que ir a firmar a los juzgados, perseguidas por el Ministerio Público”, agregó.
Actualmente, Miriam enfrenta varios procesos judiciales. Aunque goza de medidas cautelares, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, como consecuencia de las amenazas recibidas por su lucha en la protección y defensa de los territorios Garífunas, ubicados en la Zona Norte de Honduras. Son zonas donde los garífunas viven desde su llegada a Honduras, hace más de 200 años.
Para esta lideresa garífuna, el resguardo de su vida lo toma como un reto personal, pues no cree en la custodia militar o policial, tampoco en el sistema de aplicación de justicia hondureño, que por un lado la criminaliza y por otro, pretende brindarle seguridad.
La lucha de las mujeres por la tierra, territorio y bienes comunes
Para las mujeres organizadas y feministas resulta contradictorio que pese al aporte de las mujeres indígenas, campesinas y garífunas, el Estado sigue sin reconocer el rol y la contribución que hacen al ciclo de producción de la tierra y por ende a la seguridad alimentaria.
Muy al contrario, a las mujeres se les niega el derecho a la propiedad de la tierra y al acceso de los bienes materiales para su producción. Para el caso y en cuanto a la tenencia de la tierra, el 86% de las mujeres no tienen título de la propiedad; el 5.4 son co–dueñas, por lo tanto solo el 8.2 tienen documentos propios, en contraste con el 65% de los hombres que sí poseen títulos (ENDESA, 2012).
Las organizaciones de mujeres campesinas han documentado que de los 2 millones de mujeres que viven en la zona rural, solo el 8% (176 mil) posee títulos de tierra y el 1,3 millones padecen hambre. Por otro lado, la población rural solo tiene acceso al 11% de los fondos destinados a créditos agrícolas y apenas el 25% recibe asistencia técnica”. La falta de acceso a los bienes materiales precariza las condiciones de vida de las mujeres en el área rural, pues de cada 10 hondureñas (os) 7 vienen en condiciones de pobreza.
Si el tema por el acceso a la tierra deja problemas serios para las mujeres, el tema de las concesiones de territorios para la instalación de empresas hidroeléctricas y mineras se ha posicionado como una afrenta silente e invisible que ha generado la persecución, judicialización, encarcelamiento y el asesinato de mujeres defensoras de la tierra. Casos emblemáticos de crímenes como el de Berta Cáceres, se han conocido en medio de la lucha por la defensa territorial.
En el año 2017, diversas organizaciones de mujeres y feministas como la Plataforma 25 de Noviembre, la Tribuna de Mujeres Gladys Lanza, Las Hormigas y Coalición Todas, crearon una Agenda Política que está conformada por siete temas. Uno de ellos es “Tierra, Territorio y Bienes Comunes”.
Con este tema se busca evidenciar la lucha de las mujeres por la tierra, el territorio y el respeto de sus bienes comunes. Pero más allá de eso, la agenda propone algunos puntos de solución como la derogación de la Ley de Minería actual, el acceso de las mujeres a los bienes comunes sin ningún tipo de discriminación y el pleno respeto y aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales.
Para las organizaciones de mujeres es imperativo que se deroguen los proyectos de minería que, contrario al ideal de desarrollo con el que se ofrecen, perjudican la biodiversidad de los pueblos y criminaliza a las y los líderes que se oponen a su inconsulta ejecución. Entre otros temas, las organizaciones proponen, además, la creación de un protocolo de Atención integral de protección para las defensoras que luchan por los bienes comunes y derechos de las mujeres.
La Agenda de las mujeres es impulsada con el apoyo de la Cooperación Internacional de OXFAM y AECID y el acompañamiento del Centro de Estudios de la Mujer CEM-H y el Centro de Estudios para la Democracia CESPAD.
