Semanalmente llegan vuelos no comerciales a Honduras, que traen en su interior decenas de migrantes con sus sueños rotos y la angustia de un futuro incierto. Muchas de las personas deportadas son mujeres jóvenes menores de 25 años, las que debido a la falta de políticas estatales que garanticen su bienestar personal y familiar, decidieron emigrar en busca de oportunidades.
Los datos se tornan preocupantes. Sólo en el 2017, de las 48 mil 22 deportaciones registradas 7 mil 45 fueron mujeres, con un porcentaje muy alto de jóvenes de entre 14 y 23 años. Las y los repatriados procedían de Estados Unidos (26 mil 991), de México (20 mil 841), de países centroamericanos (181), 5 de Sudamérica y 4 de Europa.
Las organizaciones de mujeres y feministas luchan con intensidad por incorporar políticas públicas de género que permitan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Sin embargo, su preocupación aumenta cuando para el año 2018, entre el 1 de enero y el 8 de junio, han llegado al país deportados (por vía terrestre y área) unas 32 mil 110 personas, lo que significa un 36.6 por ciento más que el 2017, según informes del Observatorio Migratorio y Consular de Honduras (CONMIGHO). De esos datos, muchas son mujeres.
El tema despierta alerta cuando se registran llegadas como la de una adolescente de 16 años a quien llamaremos Xiomara, quien pidió omitir su nombre por razones personales. Xiomara es de la comunidad de Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés; hace un mes fue deportada luego de intentar cruzar hasta los Estados Unidos, junto a dos adolescentes más, que no han alcanzado aún la mayoría de edad.
En lugar de estar en un centro educativo, estudiando para alcanzar el sueño de convertirse en profesional, Xiomara ya experimentó la amarga travesía que conlleva el llamado sueño americano porque las autoridades de su país no son capaces de brindarle oportunidades para garantizar su futuro. Así como ella, ciento de mujeres llegan al país; unas deciden quedarse y buscar alternativas de empleo o estudio, mientras que otras no se resignan a abandonar ese sueño y se lanzan nuevamente a esa odisea.
Un no a la feminización de la pobreza
En el 2017 y en el marco de las elecciones generales en Honduras, diversas organizaciones de mujeres, entre las que se encuentran el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H), la Organización Intibucana Las Hormigas y La Vía Campesina, consensuaron la Agenda Política de mujeres y feministas, la que contiene siete temas: Violencia contra las Mujeres y Feminicidios; Salud Sexual y Reproductiva; Participación Política y Ciudadana, Feminización de la Pobreza que incluye acceso a la tierra, trabajo, empleo, crédito y vivienda; Tierra, Territorios y Bienes Comunes; Educación Integral Gratuita, Laica y No Sexista y el Fortalecimiento de la institucionalidad y propuesta desde la perspectiva y equidad de género.
Dentro del componente Feminización de la Pobreza, las organizaciones luchan para que a las mujeres adultas y jóvenes, el gobierno les brinde facilidades de acceder a la tierra, a un empleo digno, a créditos para trabajar la tierra o instalar un negocio.
Preocupantes datos
Según la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), del año 2016, la población pobre en Honduras alcanzó los 5 millones 699 mil 879, que equivalen al 65.7% del total de la población. De la cantidad anterior, 2 millones 13 mil 238 se sitúa en pobreza relativa (23.2%) y la población que vive en pobreza extrema alcanza los 3 millones 686 mil 641 (42.5%). La pobreza, aunque es más grave en el área rural (62.9%), también alcanza un porcentaje importante en el área urbana (59.4%).
En relación con la pobreza y las implicaciones para las mujeres, de acuerdo con estudios del Foro Social de la Deuda Externa en Honduras (FOSDEH), en el 2013, del total de hogares en situación de pobreza relativa, los de jefatura masculina presentaron un número levemente superior respecto de los hogares con jefatura femenina. Sin embargo, la situación era distinta con los hogares con pobreza extrema: 41.9% tenían jefatura masculina y 44.4% jefatura femenina.
En cuanto al empleo, el desempleo abierto también es mayor para las mujeres que para los hombres (10.9%), frente a 7.0% en el área urbana y un 13.2% frente a 1.9% en el área rural, a pesar de que el 53.0% de la población en edad de trabajar (PET), son mujeres y el 47% son hombres. Del total de la PEA femenina, un 44% genera ingresos por cuenta propia y el 42.0% es asalariada, mientras que el 14.0% se considera como trabajadora familiar no remunerada.
Estas cifras demuestran que el sub empleo y el desempleo que enfrentan las mujeres en el mercado laboral las colocan en condiciones de vulnerabilidad, para poder enfrentar sus necesidades vitales y las de su familia, así como la falta de acceso a los bienes comunes, la tierra, vivienda, crédito y tecnología.
Para las organizaciones de mujeres y feministas, la lucha radica en incidir para generar condiciones favorables que eviten que las mujeres migren a otros países y que encuentren en el suyo las condiciones para su desarrollo integral, desde la perspectiva del fortalecimiento de los derechos políticos, económicos y culturales que el Estado está obligado a proveer a las mujeres, en el marco de las leyes nacionales, de tratados y convenios internacionales de los que es suscriptor.
La Agenda Política es una iniciativa en la que participan la Plataforma de mujeres 25 de noviembre, la Tribuna de Mujeres Gladys Lanza, la organización Las Hormigas y Coalición Todas, con el apoyo financiero de OXFAM y AECID, así como el acompañamiento del Centro de Estudio de la Mujer, CEM-H y el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD).