De insostenible porque se mantiene de préstamos con organismo multilaterales y no presenta evidencias de estar contribuyendo a la reducción de la pobreza, son entre otras las conclusiones del estudio intitulado “Programa Bono Vida Mejor: una valoración sobre sus alcances, desde la perspectiva de los derechos de las mujeres”.
El estudio, que tiene como objetivo valorar el Bono Vida Mejor (BVM) desde una perspectiva de los derechos de las mujeres, se hizo con base en la recolección de información documental y estadística de los sitios web de las instituciones oficiales del Gobierno y de organismos internacionales de financiamiento, en torno a la Política de Protección Social (PPS), el Programa Vida Mejor (PVM) y el BVM. Asimismo, sobre la base de la consulta a mujeres que fueron beneficiarias con el Bono y otras que en la actualidad reciben el beneficio.
Esta política pública de protección social, puesta en práctica en Honduras (2010-2017), basada en el esquema de transferencias monetarias condicionadas, con enfoque de asistencia social, tiene como principales fuentes financiamiento préstamos de organismo multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Mundial (BM)). El esfuerzo nacional es limitado, pues el mayor aporte proviene del endeudamiento.
Aunque las mujeres son principal beneficiadas, el BVM adolece de una política de género
El estudio destaca que tanto en las zonas urbanas como rurales, las mujeres han sido las principales receptoras de las entregas financieras del Bono. Sin embargo, este programa está teniendo efectos adversos como la sobrecarga de responsabilidades en el hogar (asociadas al tiempo dedicado para la gestión de la entrega del bono), al igual que situaciones de violencia doméstica por el uso y manejo de los recursos donados.
Por otro lado, el análisis del programa evidencia que el enfoque está centrado en los niños y niñas, y no en las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, contribuyendo con ello a la consolidación y reproducción de patriarcado, es decir, a las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que limitan la participación y empoderamiento pleno de las mujeres.
Para las organizaciones participantes del estudio, un hallazgo muy importante es que el BVM, principal programa de la política pública de protección social del actual gobierno, adolece de una política de género y su transversalización. En ese sentido, a las mujeres se les limita el acceso a servicios para su beneficio personal en áreas como la salud reproductiva y sus principales ciclos: menopausia, enfermedades propias del sexo femenino (cáncer de seno, útero, matriz, etc.). Asimismo, en ámbitos como autoestima, empoderamiento, autonomía económica y física, y violencia doméstica.
El BVM, al no considerar las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, reafirma la falta de reconocimiento del trabajo social necesario y las relegan al cumplimiento de los roles y estereotipos tradicionales en el cuido de los hijos y el trabajo doméstico.
El estudio se realizó con la supervisión del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H), de la Organización Intibucana Las Hormigas y el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD). Fue financiado por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID).
