Pese al aporte de las mujeres indígenas y campesinas, el Estado de Honduras sigue sin reconocer el rol y la contribución que hacen al ciclo de producción. Muy al contrario, la defensa de la tierra por parte de las mujeres campesinas mantiene un saldo de 1, 700 que a nivel nacional son perseguidas, criminalizadas y judicializadas.
El dato quizás es conservador ante una problemática que permanece silente e invisibilizada en Honduras. Los medios de comunicación poco dan cuenta de las luchas que libran las y los campesinos en el interior del país, ante un Estado y gobierno que les priva de su materia prima para subsistir: la tierra.
El viacrucis de las mujeres del campo sin tierra y sin techo
Las organizaciones de mujeres campesinas han registrado que de los 2 millones de mujeres que viven en la zona rural, solo el 8% (176 mil) posee títulos de tierra y 1,3 millones padecen hambre. Otra estadística preocupante establece que en el país, de cada 100 mujeres, 86 no tienen acceso a la tierra, una situación que ha hecho que un gran porcentaje de ellas se vean obligados a involucrase en procesos de recuperación que les deja graves consecuencias.
La situación anterior genera, a la vez, que las mujeres no tengan acceso a financiamiento para generar iniciativas u opciones económicas para sus familias, debido los obstáculos legales dentro de las instituciones estatales: exigencia de garantías, trámites complicados y burocráticos; requisitos y procedimientos inequitativos, inflexibles y discriminatorios.
Las organizaciones campesinas denuncian que alrededor del tema persiste un sub-registro del trabajo de las mujeres y el rol que juegan como productoras del campo, algo que también constituye un obstáculo para el acceso a los recursos productivos.
Por otro lado y no menos preocupante, las mujeres que tienen acceso a un pedazo de tierra, en su mayoría son excluidas de programas y proyectos de desarrollo agrícola que les permita recibir asistencia técnica y crédito para mejorar la producción agrícola y obtener ingresos económicos que mejoren su calidad de vida.
Otro dato que es fundamental citar en el contexto que viven las mujeres del área rural y del campo es la falta de acceso a la titularidad de una vivienda. Son los hombres los que tienen más oportunidades para acceder a ese derecho. Los hombres, jefes de hogar, son los que tienen mayor acceso a una vivienda propia, en relación con las mujeres. Del total de mujeres registradas como jefas de hogar en el área urbana (543,308), apenas el 65% tiene vivienda propia (350,468). En el área rural, el porcentaje de mujeres con acceso a una vivienda independiente que les permita vivir con dignidad, se reduce a un 35% (192,840).
La Paz, un departamento marcado por una lucha permanente por la tierra
La Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC- La Paz), una organización campesina que lucha por el acceso a la tierra y la defensa del territorio, lleva un registro de las organizaciones campesinas que en el país enfrentan problemas devenidos de la defensa de territorios.
A la fecha, el registro indica que 49 son las mujeres que enfrentan la persecución, la criminalización y la judicialización en varias comunidades del departamento de La Paz, por defender la propiedad de la tierra.
Glenda Martínez es campesina y comunicadora social en la radio Suyuguare, de la CNTC-La Paz. Vive en una zona recuperada de la comunidad de Lepaguare, municipio de San Pedro de Tutule, departamento de La Paz. Ella, junto a 48 mujeres más ha enfrentado la persecución, amenazas y encarcelamiento por defender un pedazo de tierra en donde subsistir. Sin embargo, ahora se enfrenta al inminente riesgo de un desalojo que la despoje de su hogar.
“El año pasado tuvimos 4 de nuestras mujeres en prisión, enfrentando procesos de criminalización por el delito de usurpación. Ahora, ellas tienen que ir a firmar cada 15 días a los juzgados todo porque el Estado nos niega el derecho a la tierra, al empleo y a sobrevivir dignamente con nuestras familias”, dice Glenda.
Hay muchas más que también están sometidas a la dinámica judicial y cruel, implementada durante años. Estas mujeres han enfrentado una situación que dibuja un contexto con el que se podrían escribir páginas de historias tristes. Uno de esos negros episodios, recuerda Glenda, es el caso de María López, quien perdió el bebé de tres meses que cargaba en su vientre, luego de un desalojo.
“A María la golpearon cuando la llevaron esposada y la jalonearon tanto que abortó. Estuvo presa mientras perdió su bebé. Eso fue el año pasado”, comenta.
Pero mientras ocurría eso con María, a las demás personas que vivían en Planes, municipio de Santa María, La Paz, les eran destruidas sus viviendas mientras el fruto de sus cultivos también era presa de la barbarie policial que sin empacho pisoteaban y lo arrancaban de la tierra.
“Se siente algo impactante porque nos quitan el espacio en donde creamos nuestro hogar. Nos duele el impacto que tiene en nuestros hijos esa situación porque lo hacen con violencia, golpes y amenazas. Que ellos vean que les llevan a la mamá al papá es algo duro”, evoca Glenda.
Concentración de tierras en pocas manos
Para el analista y director del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), este problema tiene como asidero el hecho de que hay una concentración excesiva de riquezas, incluyendo entre estas la tierra, en manos de los grupos que controlan el poder económico y político del país.
“Muchas de estas tierras han sido del Estado y de las municipalidades. Hoy forman parte del descontrol y desorden que hay en esa materia y que evita que se pueda establecer la legítima propiedad. Muchas tierras del gobierno, que deberían estar en manos de nuestros campesinos y campesinas para sembrarla, están concentradas en pocas manos, mientras miles, como la de los campesinos están sin nada”, sostiene Irías.
El analista agrega que este es un problema serio en Honduras porque el sector campesino vive excluido y sin acceso a recursos y ante esta situación las recuperaciones y sus consecuencias han sido históricas prácticas a las que el gobierno debiera prestarle atención para generar una verdadera reforma agraria y darles tierra a los campesinos(as).
Sin embargo, y contrario a la resolución de problemas, las y los campesinos denuncian de forma reiterada, que en estas situaciones persiste la confabulación de las autoridades locales con los terratenientes y los cuerpos policiales y militares.
“Pese a que somos oriundos y tenemos muchos años de vivir en nuestras zonas, cuando algún poderoso mueve sus intereses es apoyado por los alcaldes y los policías y proceden a desalojarnos sin piedad”, agrega Glenda.
Y así se delinea una lamentable realidad que persiste en medio de la ausencia de políticas agrarias equitativas y con base en la realidad nacional. Miles de hondureñas y hondureños del área rural y del campo están destinados a continuar padeciendo por habérseles convertido en “las y los campesinos sin tierra”.
