Un leve repunte, que no cambia la estructura inequitativa del presupuesto fiscal del Gobierno de Honduras, a favor de las mujeres, se proyecta para el año 2018. Un análisis de las tendencias del presupuesto, realizado por el CESPAD, revela que los gabinetes del Poder Ejecutivo y las entidades del Poder Judicial, reflejan incrementos en su asignación.
El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), en el marco del Programa de Justicia de Género de OXFAM International, realizó un análisis de la Ley de Disposiciones Generales del Presupuesto General de la República del año 2018, para hacer una breve descripción y análisis de sus datos más relevantes.
En el documento, la organización hace una mirada comparativa del presupuesto 2018 en relación con el año 2017, para identificar cuáles fueron las orientaciones, tendencias o exclusiones que presenta con base en las demandas de las mujeres, que han luchado en diversos espacios para que sean incluidas en los programas y presupuestos, como parte de sus derechos.
En ese análisis, el CESPAD evidencia que son los gabinetes del Poder Ejecutivo cuyo gasto se orienta al gasto social y las entidades del Poder Judicial, cuyos fondos se relacionan más con la administración y el repartimiento de justicia, los que reflejan un incremento en su asignación, tal como aparece en el anteproyecto de presupuesto del año 2018.
Para la organización, algo que preocupa es que el gasto presupuestario sigue concentrado en el Poder Ejecutivo, en dos entidades principales: los Gabinetes Sectoriales, que absorben el 72 por ciento y la Deuda Pública, que representa casi la cuarta porción del presupuesto nacional, un 24 por ciento. Es decir, que por cada lempira del presupuesto, 25 centavos van para el pago de la deuda. En consecuencia, el resto de poderes, que se aglutinan en la categoría de “Otros Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo” (Corte Suprema, Congreso Nacional y Ministerio Público) siguen recibiendo solo el tres por ciento.
Desde el 2015 que vienen analizándose los presupuestos nacionales, se observa que esta estructura es casi inalterable, de modo que los poderes legislativo y judicial siguen recibiendo básicamente la misma proporción, mientras los Gabinetes Sectoriales han reducido en un dos por ciento su participación. Lo que preocupa es que esos dos puntos de reducción se trasladan al rubro de Deuda Pública, la que sigue mostrando una proporción alta que indica que cada vez, aunque levemente, se está incrementando el gasto público para pago de la deuda y sus servicios.
El análisis evidencia que el presupuesto pasará de 228 mil 778 millones de lempiras, que se presupuestaron en el 2017, a 242 mil 733 para el 2018, lo que equivale a un incremento de un seis por ciento. Este porcentaje es, sin embargo, bajo, comparado con los años 2016 y 2017, en los cuales lo presupuestado alcanzó el 11%.
Al analizar el comportamiento de las instituciones ejecutoras, dice el CESPAD, se observa que para el 2018, el menor crecimiento presupuestario se experimenta en los Gabinetes Sectoriales, con solo un 4.4%, mientras el mayor presupuesto se asigna a los entes adscritos a la Secretaría de la Presidencia, especialmente por el sorprendente incremento presupuestario que se destina al Servicio de Administración de Rentas (SAR), que tiene un 72%. En segundo lugar, se asigna a los entes que no forman parte del Poder Ejecutivo (entidades del Poder Legislativo y judicial), los que tienen un incremento de 17.2%.
En relación con la Deuda Pública y Gastos financieros, que integran el rubro “Entes sin Adscripción a un Gabinete”, el ascenso en recursos va en aumento y por arriba del promedio global, lo que representa un 9,1 por ciento. En ese rubro están integradas, entre otras, la Presidencia de la República y la Cuenta de Desafío del Milenio, pero el peso de la Deuda Pública (que representa el 58% del rubro) y de los Servicios Financieros de la Administración Central (que representa el 20%) forman el 78% del rubro para 2018, lo cual representan un fuerte impedimento para cubrir el gasto y la inversión social en general, y para el gasto a favor de la mujer en particular.
Son esas dos cuentas, las que muestran una tasa de incremento mayor al 9.1%, en las que creció el rubro. Solo en los Servicios Financieros de la Administración Central se registra un incremento de 13,2 por ciento, mientras el presupuesto para Deuda Pública crece en 10,5%. Pero ese 10.5% es mayor que el de los presupuestos de Educación y salud, a los que supera en monto. El presupuesto de Educación crecerá en 7,9% en relación al 2017 y el presupuesto de Salud tiene un crecimiento de apenas un 3.8%.
El análisis que se hace concluye que el monto de la Deuda Pública es superior a Educación y Salud y la tendencia creciente se acelera después de la caída en 2016, cuando se amplía la brecha en el anteproyecto de presupuesto del 2018, con respecto a Educación, que ha mantenido una tendencia creciente en los 4 últimos años, y con Salud, cuyo presupuesto está prácticamente estancado desde 2016.
Sin duda, dice el CESPAD, es de preocupación que el peso que viene ganando la Deuda Pública dentro del gasto fiscal, es tan fuerte que equivale al 80 por ciento del presupuesto agregado en Educación y Salud. Esto significa que con esa tendencia, el comportamiento del gasto público debe ser una preocupación, y en el que se debe exigir un monitoreo especial desde los entes de sociedad civil, especialmente de las organizaciones feministas y de mujeres, porque está en riesgo creciente la subvención del gasto y de los proyectos sociales en aras de atender mayores cuotas de pago de deuda, dejando descubiertas las necesidades que las mujeres reclaman.
