Desde hace más de tres décadas, los pueblos del municipio de la Unión, departamento de Copán, en el occidente de Honduras, han vivido en zozobra permanente por la operación de una empresa minera que tiene concesionadas más de 300 hectáreas de tierra para extraer metales a cielo abierto, particularmente oro.
La empresa minera que opera en el municipio de la Unión es Minerales de Occidente S.A. (MINOSA), filial de la Aura Minerals de capital canadiense. Sin embargo, la concesión en esa zona del occidente de Honduras no es reciente, pues se hizo desde el siglo pasado y desde entonces ha venido cambiando de propietario hasta operar la que en la actualidad explota la zona.
El conflicto con MINOSA en la zona no es nuevo, pero se comienza a hacer visible cuando la empresa obligó a las comunidades de San Andrés, San Miguel y Platanares (pertenecientes a La Unión) a reubicarse, porque debajo de ellas había grandes yacimientos de oro que explotar. Sin embargo, la problemática se hace aún más evidente en el año 2012, cuando los pobladores, particularmente los de Azacualpa (también pertenecientes a La Unión), deciden hacer pública la pretensión de la minera de remover el camposanto de esa comunidad porque debajo del cementerio, en donde hay unas 400 personas enterradas de esta y de unas 5 aldeas más, se encuentran unos 338 millones de onzas de oro.1 En el afán de extraer de las entrañas de la tierra oro, MINOSA también ha ido destruyendo la biodiversidad de la zona y ha contaminado los afluentes de agua que abastecen los poblaciones aledañas a su instalación.
La lucha, aunque en los primeros años de la ubicación de la minera se mantuvo con un matiz silencioso, cobró vigencia y fuerza con la articulación del Comité Ambientalista y de Derechos Humanos de Azacualpa, organización que junto a comunidad logró posicionar la problemática ante los medios de comunicación, el gobierno de Honduras y la comunidad internacional.
Muchas acciones de protesta se han tejido en medio de una situación que ha dejado a su paso una serie de abusos y violación sistemática de derechos humanos, de allí su importancia de registrarla a través de un documento que sistematice la histórica lucha de esta comunidad. Sin embargo, no menos importante resulta documentar las lecciones y los aprendizajes dejados en procesos de lucha que, como el de los pueblos de La Unión, persisten en otras comunidades del país, en el marco de la ejecución de políticas de Estado que facilitan la inconsulta y abusiva explotación de los bienes comunes de la naturaleza y de la descarada violación de derechos humanos de las comunidades que hacen
frente a esos abusos.
La sistematización de la experiencia de la lucha del pueblo de Azacualpa, se da en el marco de un acuerdo de colaboración sostenido entre el Comité Ambientalista y de Derechos Humanos de Azacualpa y el Centro de Estudio para la Democracia –CESPAD-, con el apoyo financiero de la Federación Luterana Mundial, Servicio Mundial, Programa Centroamérica (FLM/SM-CA).
