Por: Thelma Mejía
La Misión de apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) como que ha empezado a incomodar en el país. Mientras apoya labores institucionales orientadas a construir una nueva arquitectura jurídica con cambios relevantes en investigación y justicia en el Ministerio Público y el Poder Judicial, sigue ahondando en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) donde lleva ya cuatro condenas, a la vez que ha logrado la primera condena en este país por el delito de tráfico de influencias.
La MACCIH ha impulsado la creación de los llamados juzgados anticorrupción en el poder judicial, siendo Honduras, después de Perú, el segundo país en América Latina que tendrá un tribunal especializado para temas de corrupción. En tanto, coordina con el Ministerio Público la creación de una unidad especializada, la UFECIC, que investigará grandes de casos de corrupción que junto a la Misión presente el Ministerio Público ante los tribunales especializados.
Ambas figuras podrán parecer teóricas, pero están dando a este país una serie de instrumentos jurídicos de lucha contra la corrupción y la impunidad que esperemos funcionen a la altura de los acontecimientos en un país donde la ciudadanía cada vez se desespera y demanda acciones de mayor contundencia en la lucha contra estos dos flagelos: corrupción e impunidad.
Es el Ministerio Público el que acusa y la Misión quien le acompaña. Así lo establece el convenio que dio vida a esta iniciativa que todo indica empieza a incomodar a quienes en el discurso público abrazan la lucha anticorrupción, pero en la práctica se mueven sigilosamente y a veces de forma abierta, para que todo siga igual.
En el caso del IHSS, unos de sus principales cabecillas involucrados, tiene ya cuatro condenas al hilo, tres por el desfalco propiamente dicho y otro por un delito de armas. Se trata del ex director Mario Zelaya. La última condena fue el caso de las llamadas “empresas fachadas” o de maletín que involucra un fraude de 12 millones de dólares, según información desprendida de los tribunales.
Ese caso evidenció las redes y subredes que operaban a lo interno del IHSS y en el juicio, la fiscalía logró demostrar cómo se sacó y repartió ese dinero, con la participación de familiares y amigos ligados a Mario Zelaya mediante la creación de empresas de maletín.
Ese modus operandi de las llamadas empresas de maletín que operaron en el IHSS parece repetirse también en otras dependencias públicas, instituciones estatales y hasta privadas. Se crean meses antes de obtener jugosos contratos, sin llenar los requisitos de ley y mediante figuras de excepción o de emergencia. Esos nudos los está develando la MACCIH en acompañamiento con el Ministerio Público.
Se suma a estas formas delictivas que están siendo condenadas por los tribunales en el país, el caso del otrora hombre fuerte del disuelto Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, en un juicio, que de acuerdo a los relatos no solo develó cómo se trafica con la justicia en el país, también las pasiones que despierta el poder cuando se cree impune.
En un reciente programa radial, el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, dijo que el delito de tráfico de influencias suele ser un delito escondido, al que nadie le presta importancia y hasta puede ser visto como “común” en un país donde la impunidad ha imperado por décadas.
En un club, al calor de una conversa, se deciden cosas que generalmente deben tomarse en los cánones normales que tipifica la administración pública, explicó Jiménez Mayor, al destacar que esta condena de Teodoro Bonilla es la primera condena que se registra en Honduras por tráfico de influencias a quien fuera un alto funcionario del Estado, y no cualquier funcionario: era el vicepresidente del Consejo de la Judicatura.
Jiménez Mayor dijo que si bien la MACCIH no era un tribunal internacional y que no vienen a ponerse por encima de las autoridades, tienen funciones importantes relacionadas con reformas, recomendaciones, apoyo a investigaciones y supervisión de los entes del Estado que hacen el trabajo de combate a la corrupción.
Pero no solo estos hechos están en la mira de la MACCIH. Sus integrantes han anunciado que han decidido entrar a dos casos altamente sensitivos: el de narco política en el caso del financiamiento de campañas a raíz del testimonio de uno de los cabecillas de la banda de Los Cachiros y el de presunta corrupción en el otorgamiento de contratos y concesiones en el caso del proyecto “Agua Zarca” que denunció en su momento la líder indigenista y ecologista, Berta Cáceres, antes de ser asesinada. La MACCIH señaló que investiga posibles hechos de corrupción en ese caso, mientras la investigación del crimen como tal, la lleva en sí el Ministerio Público que ha identificado a varios supuestos autores militares pero aún falta el eslabón final: los que ordenaron el crimen.
A estas acciones se suman las otras propuestas legales de la Misión relacionadas con la Ley de Secretos, la Ley de Colaboración Eficaz, la figura de Personas Políticamente Expuestas y una ley de Protección al Denunciante. Todo un andamiaje jurídico que van más allá de la cosmetología del discurso público al que nos han acostumbrado quienes dicen ser abanderados de la lucha contra la corrupción.
De ahí que la Misión empiece a ser incómoda y a medida que informe, avance o denuncie hechos de interés para el desarrollo de su trabajo, las fuerzas ocultas en movimiento empezarán a salir de su escondite, públicamente o utilizando a terceros, en un claro espíritu de cuerpo para cerrar filas a favor de la impunidad. No hay que buscar tres pies al gato.
