Tomado de: The Guardian. Escrito por: Jonathan Watts y John Vidal. Traducido por: Maria Luisa Rodríguez.
El año pasado fue el más peligroso de la historia para las personas que defienden las tierras de su comunidad, los recursos naturales y la fauna; las últimas investigaciones revelan que cada semana mueren asesinados casi cuatro defensores del medio ambiente en todo el mundo.
En 2016 murieron 200 ecologistas, guardas forestales y dirigentes indígenas que intentaban defender sus tierras, según el grupo de vigilancia Global Witness, más del doble de los asesinados hace cinco años.
Además, las muertes son cada vez más frecuentes a medida que avanza 2017 según los datos proporcionados en exclusiva a The Guardian; en los cinco primeros meses del año se han confirmado 98 asesinatos.
John Knox, relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, dice: “Se desprecian los derechos humanos y, al mismo tiempo, se extiende una cultura de la impunidad”.
“Existe un incentivo insuperable para destruir el medio ambiente por motivos económicos. Los que corren más peligro son los que ya viven marginados y excluidos de la política y los mecanismos legales de compensación, que dependen del medio ambiente. Los países no respetan el principio de legalidad. Los defensores se están viendo amenazados en todo el mundo”.
“Nos enfrentamos a una epidemia, una cultura de la impunidad, la sensación de que cualquiera puede matar a los defensores del medio ambiente sin sufrir las consecuencias, eliminar a cualquiera que se atraviese en su camino. El peligro [procede de] la minería, la industria agropecuaria, las talas ilegales y la construcción de presas”.
Isidro Baldenegro López, líder indígena mexicano y combatiente contra la tala ilegal, murió asesinado en enero.
En mayo, en el estado brasileño de Marañón, unos campesinos atacaron un asentamiento indígena y cortaron las manos de sus víctimas a machetazos, en otra disputa de tierras que envió a más de una docena de personas al hospital. Desde que comenzó el año, también han atacado y asesinado a defensores del medio ambiente en Colombia, Honduras, México y muchos otros países.
La mayoría de los ecologistas mueren en bosques o pueblos remotos, que se han visto afectados por las explotaciones mineras, las presas, las talas ilegales y la industria agropecuaria. Muchos asesinos, al parecer, están a sueldo de empresas o el Estado. Pocos acaban detenidos o incluso identificados.
Ese es el motivo de que The Guardian ponga hoy en marcha un proyecto, en colaboración con Global Witness, para tratar de documentar las muertes de todos los que fallezcan durante el próximo año en defensa del medio ambiente. Informaremos, tanto desde los últimos espacios naturales del planeta como desde los países más industrializados, sobre la labor de los ecologistas y las agresiones que sufren.
Billy Kyte, jefe de esta campaña en Global Witness, dice que los asesinatos que figuran en la lista no son más que la punta del iceberg de una epidemia de violencia.
“Las comunidades que se levantan contra la destrucción del medio ambiente están en la línea de fuego de los guardias de seguridad de las empresas privadas, las fuerzas del Estado y los asesinos a sueldo”, dice. “Por cada defensor de la tierra y el medio ambiente que muere, hay muchos más que sufren amenazas de muerte, expulsión y destrucción de sus recursos”.
“No son incidentes aislados. Son síntomas de un ataque sistemático de empresas y agentes estatales contra las comunidades indígenas y remotas”.
Está creciendo en todo el mundo el número y la intensidad de los conflictos medioambientales, dicen los investigadores. Un atlas de conflictos medioambientales financiado por la UE, realizado por profesores de 23 universidades, ha identificado más de 2.000 disputas por el uso del agua y de las tierras, la contaminación, los desalojos forzosos y la explotación minera.
“Y esos no son más que los que se conocen. Es posible que haya el triple. Ahora existe mucha más violencia”, dice el investigador de la escuela de negocios Cass Bobby Banerjee, que lleva 15 años estudiando la resistencia a los proyectos de desarrollo en el mundo.
“Ahora hay conflictos en todo el mundo debido a la globalización. El capitalismo es violento y las empresas multinacionales acuden a los países pobres en busca de tierras y recursos. Los países pobres son más susceptibles a la corrupción y un cumplimiento más incierto de las leyes. Y las empresas y los gobiernos están uniendo fuerzas para matar”, asegura.
Los datos de Global Witness para 2016 muestra que los sectores más involucrados en las disputas son la minería y el petróleo, que estuvieron relacionados con 33 asesinatos. El segundo puesto mundial lo ocupa la tala ilegal de árboles —con 23 muertes, frente a 15 del año anterior—, seguida de la agricultura. El orden puede variar. En los primeros cinco meses de este año, la tendencia más llamativa es que, por primera vez, el sector agropecuario está disputando a la minería el puesto de sector más letal, con 22 asesinatos en todo el mundo, uno menos que el número total del año pasado.
La situación ha empeorado en 2017 especialmente en Colombia. Brasil y Filipinas también están camino de alcanzar cifras sin precedentes, y el sufrimiento de los grupos indígenas sigue siendo desmesurado.
Por países, en 2016, Brasil volvió a ser el país más letal en cifras absolutas, con 49 asesinatos, muchos de ellos en la selva amazónica. La explotación maderera estuvo relacionada con 16 de los casos y la deforestación del país aumentó un 29%.
Más en general, América Latina siguió siendo la región más peligrosa para cualquiera que desee proteger los ríos, los bosques, las montañas y los océanos: en ella se cometieron 60 de los asesinatos de ecologistas en todo el mundo, a pesar de que no alberga más que la décima parte de la población mundial.
Dados los grandes intereses económicos en juego, no es extraño que las fuerzas de seguridad de arios Estados fueran responsables de un mínimo de 43 asesinatos en todo el mundo —33 a manos de la policía y 10 a manos del ejército—, mientras que los agentes privados, como los guardias de seguridad de las empresas y los asesinos a sueldo, mataron a 52 activistas.
El coste humano es terrible, dice Laura Cáceres, una de las hijas de la dirigente del grupo indígena lenca, la hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016 después de resistirse a la construcción de la presa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque.
Laura Cáceres, que ahora vive en el exilio después de recibir amenazas de muerte, estuvo hace poco en Oxford, Reino Unido, en una conferencia organizada por Not1More (N1M), un grupo fundado en 2016 en respuesta a la violencia que sufren los defensores del medio ambiente.
“Berta Cáceres era un estorbo para el sistema”, dijo. “[Honduras] está destrozado; el 30% de la tierra se ha entregado a empresas multinacionales. Las compañías se están adueñando de territorios ancestrales. Los bosques se están privatizando. Mi madre sentía pasión por su tierra y sus raíces, y le horrorizaban las formas de actuar del imperialismo, siniestras y violentas”.
Poco después de la conferencia, The Guardian informó de que otra hija de Cáceres, Berta Zúñiga, había sobrevivido a una agresión armada, después de que la designaran líder de la organización de los derechos de los indígenas que había dirigido antes su madre.
Los activistas dicen a menudo que no solo los gobiernos no les proporcionan ninguna ayuda, sino que es frecuente que los gobiernos corruptos estén implicados en los actos violentos.
Un activista de África occidental contra la tala ilegal, que ha pedido permanecer en el anonimato por miedo a las represalias, dice: “Sufro presiones y amenazas. Los bosques generan millones [de dólares] y, sin embargo, la gente no tiene nada: ni escuelas ni centros de salud. El dinero no va a parar al Estado, sino a intereses privados. Trabajamos sin recursos”.
“Mi familia ha recibido amenazas de muerte. Hemos tenido llamadas anónimas. Yo sigo trabajando con ayuda de mis colegas. Dimos información a la ONU y pedimos su ayuda, pero no conseguimos nada. Pueden matarnos en cualquier momento”.
Otro grupo que está cada vez más en el punto de mira es el de los defensores de la fauna salvaje. En los últimos 10 años, los cazadores furtivos con intereses comerciales y los grupos de milicias armadas han asesinado a más de 800 guardas forestales, según el grupo estadounidense Global Conservation.
“Los guardas forestales están expuestos a un grado terrible de violencia, y sus muertes por asesinato aumentan a un ritmo alarmante”, dice Sean Wilmore, presidente de la Federación Internacional de Guardas Forestales. “Casi el 60% de los asesinados en 2016 murió en Asia, la mayoría en India”.
La escritora estadounidense Olesia Plokhii, que presenció en 2012 el asesinato del camboyano Chut Wutty, un activista dedicado a la lucha contra la tala ilegal, escribió el mes pasado en The Ecologist: “Wutty tenía su propia organización ecologista, tenía apoyos económicos en Occidente, contaba con el respaldo de altos cargos del ejército de Camboya y cientos de seguidores locales que le protegían, y disponía de herramientas: varios teléfonos móviles, un localizador GPS. Aun así, le asesinaron.
“Otros activistas mucho menos organizados y preparados, personas que quizá se ven obligadas inesperadamente a proteger sus tierras por desalojos o por la construcción de grandes infraestructuras, se enfrentan a esa misma violencia”.
El informe de Global Witness sobre 2016 destaca también que se están reprimiendo las protestas medioambientales en todas partes —hasta en los países más ricos—, y menciona el caso de la campaña de Standing Rock contra la construcción de un oleoducto bajo el Lago Oahe, en Estados Unidos, para explicar que los miembros de la Asamblea de Dakota del Norte rechazaron por muy estrecho margen un proyecto de ley que habría permitido que los conductores atropellaran y mataran a los manifestantes sin sufrir penas de cárcel por ello.
La co-fundadora de N1M Fran Lambrick ha dicho a The Guardian: “Los activistas que están en primera línea de la defensa del medio ambiente son cruciales para luchar contra el cambio climático, proteger nuestros recursos naturales y garantizar el respeto a los derechos humanos y la identidad cultural. Pero se arriesgan a sufrir represalias violentas, amenazas y criminalización”.
“Defendemos la vida”, dice Laura Cáceres. “Estamos dispuestos a hacer lo que sea para permitir que la vida siga adelante. No queremos perder nuestras vidas, ni a nuestras madres, ni a nuestras familias. Pero estamos dispuestos a asumir ese riesgo. Si son capaces de asesinar a alguien de tanto prestigio como mi madre, Berta, son capaces de asesinar a cualquiera”.
