Por: Eleana Borjas-Radio Progreso
En 2013 llegó a Tegucigalpa. En su maleta pesaban los sueños de convertirse en un periodista y en sus bolsillos se contaban un poco más de 700 Lempiras. José Manuel Gonzáles Cerén, viajó desde Jesús de Otoro, Intibucá, para iniciar sus estudios universitarios, pese a las dificultades económicas.
“Cuando yo decidí emprender mi viaje para adquirir mi carrera universitaria ellos me dijeron que no me viniera porque no tenía dinero. Los 270 de la matricula me los había dado mi maestra de primer grado”, recuerda Chepito, como cariñosamente llaman sus compañeros y compañeras.
Mientras un grupo de estudiantes de la carrera de Química y Farmacia, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), comenzaba una huelga de hambre en defensa de la educación pública, Chepito dice haber roto los límites de la precariedad económica en la que viven las comunidades indígenas: “hasta el sol de hoy aquí estoy en la universidad y voy bien avanzado en la carrera”.
Educación pública
Durante el 2016, el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) continúo la lucha, que en 2014 inició el Movimiento Amplio Universitario (MAU), por la defensa de la educación pública y la incorporación del estudiantado en la toma de decisiones en la UNAH.
En 2014, las autoridades universitarias, rectoradas por la socióloga Julieta Castellanos, aprobaron un conjunto de normas académicas, mediante las cuales se aplicará un plan de arbitrios que incluye el pago por uso de laboratorios, el pago por reposición de exámenes, el pago por unidades valorativas de cada asignatura, el incremento en el gasto de graduación y otros servicios que brinda la máxima casa de estudios.
De acuerdo a los movimientos, en el proceso de construcción de las nuevas normas académicas no hubo representación del sector estudiantil.
Con las acciones de presión, tomas a nivel nacional, manifestaciones y con decenas de estudiantes procesados judicialmente, en julio de 2016 el MEU logró que las autoridades del Alma Mater suspendieran la aplicación de las nuevas normas académicas, hasta consensuarlo con la representación estudiantil en el Consejo de Dirección Universitaria.
El 20 de julio de 2016 el Movimiento Estudiantil, la vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles (VOAE) y la vicerrectoría Académica firmaron un acuerdo, a través de la mediación de académicos y dirigentes sociales, en el que se comprometían a realizar un proceso electoral para elegir a los representantes de la comunidad universitaria en el Consejo de la UNAH.
Huelga de hambre y criminalización
Un año después de firmado el acuerdo, la crisis en democracia, judicialización, criminalización, represión y falta de diálogo entre las partes se ha agudizado.
Las nuevas acciones de protesta y presión estudiantil para entablar un diálogo han dejado a 20 estudiantes acusados por el delito de privación injusta de la libertad de guardias de seguridad y daños a la propiedad en perjuicio de la UNAH, luego de toma del edificio administrativo en Ciudad Universitaria de Tegucigalpa.
La acción de protesta en los bajos del edificio administrativo, el pasado 24 de mayo, fue acompañada por Chepito, estudiante de periodismos que con esfuerzo llegó desde Jesús de Otoro. A él, las autoridades no solo decidieron procesarlo judicialmente sino que también le cancelaron definitivamente la beca “Equidad Alma Mater”, la que asciende a cinco mil 980 lempiras (5,980.00).
“Yo vivo en El Hato de En medio, una colonia cercana a la Universidad, entonces en el transporte no tengo dificultad; en cuanto al alquiler, ahora estoy viviendo en el parqueo de un taller de ebanistería, el dueño me dijo que llevara mis cosas si quería estudiar; con la cuestión del alimento hay muchos compañeros que son solidarios y me la arreglo”, cuenta Chepito, sentado a la sombra de una de las estaciones del inconcluso Trans-450 frente a la entrada principal de Ciudad Universitaria.
La defensa de lo público para Chepito inició en la aldea San Rafael, Jesús de Otoro, Intibucá, cuando en 2013 logró, junto a su comunidad, parar la construcción de una represa hidroeléctrica sobre el Rio Uluita. Él miembro de las comunidades eclesiales de base y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH).
Ante la criminalización estudiantil y las luces de privatización de la educación superior, Teresa, una estudiante de Química y Farmacia, decidió al igual que otros cuatro estudiantes, iniciar una huelga de hambre indefinida.
“Lo hemos hecho como última instancia, para que las autoridades universitarias vea que esto es un compromiso serio de cambio. Se espera que para el 2018 se comience a cobrar el plan de arbitrios, como dijo un padre de familia: va a ser la universidad privada más barata de Honduras”, asegura Teresa.
Sin esperanzas de diálogo
Horas después de iniciada la huelga de hambre, la rectora universitaria Julieta Castellanos, quien en la última semana se ha limitado a dar declaraciones a los medios corporativos y canales institucionales, manifestó que Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) están detrás de las acciones el movimiento estudiantil.
“Quiénes están detrás de estos movimientos, están las ONGs de derechos humanos, las mismas que se subieron al carro de la Cuarta Urna, las mismas que se infiltraron en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales porque vieron el oportunismo como opción al poder”, expresó Castellanos en una emisora capitalina.
La rectora Castellanos finalizó su participación asegurando que en muchos partidos políticos y movimientos sociales “creen que el poder se puede asaltar desde la Universidad y creen que las revoluciones se pueden hacer desde la Universidad siguiendo la gesta histórica de la Revolución Cubana”.
Desde la semana anterior, el Movimiento Estudiantil Universitario solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUH) respaldo para la instalación o convocatoria de una nueva Mesa Mediadora que esté integrada por actores extranjeros que han dedicado su vida a la promoción y protección de los derechos humanos, a fin de que se llegue a una pronta solución a la crisis democrática y criminalización de la protesta.
La solicitud de acompañamiento la realizaron mediante un documento, en el que se exige la renuncia inmediata e irrevocable de la rectora Julieta Castellanos, explica Héctor Ulloa, vocero del MEU: “nosotros planteamos las garantías para que se puede instalar un diálogo, porque los procesos de diálogo han fracasado, no por el contenido sino por las personas que están al otro lado de la mesa que no han dado cumplimiento”.
Por su parte, la rectora Castellanos señaló que “la ONU no es la autoridad de ellos, es la autoridad universitaria. Hay una mesa de diálogo y las autoridades están en Ciudad Universitaria, no en Naciones Unidas. Han equivocado el camino”.
El comisionado Nacional de los derechos Humanos (CONADEH) pidió buscar una solución “pronta al conflicto en la UNAH, reactivando, con carácter de urgencia, la Mesa Mediadora”, instalada luego del acuerdo firmado entre el MEU y autoridades universitarias, el 20 de julio de 2016, “y así evitar la pérdida de períodos académicos; evaluar la situación de los compromisos del Acuerdo de 2016 para su expedito cumplimiento”.
Previo a las recomendaciones del Comisionado, las autoridades universitarias, a través de la guardia de seguridad privada, impidieron que oficiales del CONADEH ingresaran a la Ciudad Universitaria para hacer una inspección y dar acompañamiento a los estudiantes que dieron inicio a la huelga de hambre.
José Manuel Gonzáles Cerén, Chepito, quien ahora se encuentra en el proceso de audiencia inicial en los Juzgados de Tegucigalpa, al finalizar el recorrido por la crisis universitaria expresó que mientras no se le encuentre culpable “las autoridades cometen una atrocidad al cancelarme la beca, y eso es una clara violación a la educación pública y el derecho a la protesta que me lo garantiza la Constitución”.
El titular del CONADEH, Roberto Herrera Cáceres, pidió abstenerse de emitir mensajes que inciten al odio, a la violencia y pongan en riesgo la integridad física, la vida y la dignidad de alguna de las partes en el conflicto dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Tras finalizar una jornada de movilización -29 de junio-, El Movimiento Estudiantil Universitario anunció que presentarán un proyecto de Ley ante el Congreso Nacional, en el que exigen la renuncia de la rectora Julieta Castellanos y la no elección de la Junta de Dirección Universitaria, sin la representación de los estudiantes en el Consejo Universitario.
