La aprobación de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, sin lugar a dudas es un estamento legal que clarifica muchos de los vacíos que ha tenido la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, particularmente en relación con la escasa regulación sobre el financiamiento de los partidos políticos y candidaturas independientes. Muchos otros aspectos que contribuirán a adecentar los procesos electorales son pertinentes en la también llamada Ley de Política Limpia.
El reto del Tribunal Supremo Electoral es ponerla en funcionamiento, y consumar a cabalidad lo que establece. Sin embargo, y tomando en consideración la veeduría que al respecto realiza la sociedad civil organizada, es pertinente señalar el incumplimiento en el que está incurriendo el TSE, en relación con los gastos que establece la Ley de Política Limpia para las campañas políticas.
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