Más de 40 organizaciones defensoras de derechos humanos se solidarizaron y emitieron su apoyo incondicional a Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H), ante la demanda que interpuso la empresa Desarrollo Energéticos S.A (DESA), en su contra por “supuestas informaciones inexactas y perjudiciales”.
La directora del CEM-H recibió la notificación el pasado 28 de febrero del presente año, y en ella se establece que es, “una solicitud demanda vía proceso abreviado de rectificación de hechos o informaciones inexactas y perjudiciales, consistentes en señalamientos contra la empresa y sus miembros por el crimen de Berta Cáceres”.
Para el Centro de Estudio para la Democracia –CESPAD-, la acción de DESA es una acción de intimidación dirigida a defensores y defensoras de derechos humanos que han acuerpado las luchas de comunidades y movimientos sociales que en el interior del país resienten la arremetida de empresas nacionales e internacionales que irrumpen en sus territorios para usufructuar sus bienes. La demanda lleva implícita la persecución y criminalización que podría iniciarse en contra de otros luchadores y luchadoras sociales que denuncian y hacen frente a la violencia e injusticia que acontece en las comunidades.
Las diversas organizaciones, que al igual que el CESPAD acuerpan las acciones del CEM-H, señalaron que desde que se asesinó a Berta Cáceres, el pasado 3 de marzo de 2016, muchos han sido los señalamientos en contra de la empresa DESA, y que incluso, 3 de las 8 personas que guardan prisión por estar vinculadas al crimen, también lo están a la empresa demandante.
El CESPAD se suma a la lista de organizaciones que se solidarizan, acompañan las acciones y que firmaron el comunicado al que se le dio lectura en la conferencia de prensa convocada por el CEM-H y las organizaciones feministas del país.
A continuación el comunicado íntegro:
Comunicado de Prensa 7 de Marzo de 2017
A más de un año del asesinato de la lideresa indígena y feminista Berta Cáceres reiteramos el repudio ante este crimen político y la responsabilidad del Estado hondureño por la falta de avance en la investigación de su caso, así como de otras defensoras y defensores de organizaciones que hacen frente a los proyectos de despojo y muerte en el país.
Las amenazas y hostigamiento a organizaciones se han acrecentado, bajo el conocimiento y displicencia del Estado hondureño que no toma acciones oportunas para garantizar su vida. Global Witness evidenció que desde el 2010 a la fecha han asesinado más de 120 personas por su trabajo de defensoría.
El 28 de febrero de 2017 Suyapa Martínez, en calidad de representante del CEM-H fue notificada de la demanda entablada por la Empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA) por “supuestas informaciones inexactas y perjudiciales” para DESA.
Como organizaciones populares y defensoras de derechos humanos reconocemos que esta acción se suma a la persecución y criminalización contra luchadores y luchadoras sociales que denuncian y hacen frente a la violencia e injusticia que se consuma en las diferentes comunidades de Honduras.
La demanda hacia esta organización se da posterior a varias denuncias que esta organización feminista ha realizado, como:
• Las reformas al Código Penal que criminaliza la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a la protesta.
• El incumplimiento del Estado a la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ante la 65 sesión del Comité CEDAW de las Naciones Unidas en Ginebra.
• La falta de asignación presupuestaria a programas gubernamentales para trabajar contra la violencia hacia las mujeres, así como apoyo a programas de mujeres campesinas.
• Suyapa Martínez es integrante propietaria ante el Mecanismo de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Bienes Comunes.
• Comparecencia ante la CIDH por el Mecanismo Nacional de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.
• Denuncia del femicidio de Berta Cáceres.
Las organizaciones firmantes exigimos:
- Cese a la persecución de defensoras y defensores de derechos humanos, y la utilización del sistema de justicia para callar la voz y el trabajo de organizaciones que defienden la vida y hacen frente a las injusticias que se cometen en Honduras.
- El Estado levante el secretismo de la investigación del caso de Berta a sus familiares y sus representantes, que se identifique y condene a todos los responsables físicos e intelectuales del asesinato.
- Desestimación inmediata de la demanda dirigida hacia Suyapa Martínez y el Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H).
- Que el Estado hondureño garantice la seguridad de activistas y organizaciones comprometidas en la defensa de derechos humanos como dictan las diferentes convenciones suscritas por Honduras.Finalmente mostramos nuestra solidaridad y respaldo hacia Suyapa Martínez y el CEM-H ante esta injusticia y demandamos se garantice la seguridad de todas las integrantes de la organización.
