Entre el 2010-2015, el Estado hondureño ha invertido aproximadamente 15,017 millones de dólares en la implementación de una fracasada política de protección social que está siendo utilizada con propósitos políticos partidarias alrededor de la figura del Presidente de la República, pero no para reducir la pobreza.
Lo anterior se resume en el estudio del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) “Política de bonos contra la pobreza: entre el asistencialismo social y el riesgo de politización partidaria”.
Está política asistencialista denominada Programa de Vida Mejor, que es canalizada a través de la Secretaría y el Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social, pretende compensar las implicaciones sociales en los más pobres del actual modelo económico y del Programa de Ajuste con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El eje central es el Bono para una Vida Mejor (BVM), anteriormente conocido como Bono 10,000, siendo su propósito central fomentar la asistencia de los niños y niñas en situación de pobreza al sistema educativo y de salud.
De la totalidad invertida ($15,017 millones) el 28.3% proviene de fondos nacionales y 71.7% de préstamos internacionales, lo que supone una peligrosa política fiscal y una deficiente sostenibilidad social fundamentada en el endeudamiento externo.
El estudio, que cuenta con la asistencia financiera de TROCAIRE, refiera que la “mayor debilidad es que esta política de transferencias monetarias (bonos) no está entregando resultados favorables en la lucha contra la pobreza.
En ese orden detalla que las estadísticas oficiales reconocen que en los últimos trece años (2000-2013) la pobreza se ha reducido en apenas 1.4% y que a pesar de las inversiones del Bono 10,000 entre el 2012 y 2013, la pobreza por ingresos monetarios se redujo en tan sólo 1%.
Lo anterior concluye que es “valido afirmar que la elite dominante ha fracasado con sus diferentes políticas sociales en la lucha contra la pobreza, en por lo menos, los últimos doce años”.
CENTRALIZACIÓN DEL PODER
La investigación, apunta que la política de bonos se presenta en un contexto de pronunciada centralización del poder en el Ejecutivo, es decir, en la figura del presidente Juan Orlando Hernández, quien sin necesidad de haber logrado reformas en el Congreso Nacional sobre la Ley de Municipalidades, ha alcanzado un importante control en los gobiernos locales.
Precisa que para llevar a cabo la política social se ha retrocedido en el proceso de descentralización municipal, mediante la firma del “Pacto Municipal por una Vida Mejor”, suscrito entre el presidente Hernández y la AMHON, ya que con su implementación se ha modificado los criterios en la distribución de las transferencias municipales.
La rúbrica de este acuerdo se llevó a cabo bajo la promesa presidencial del pago puntual de las transferencias a los gobiernos municipales, siempre y cuando éstos destinen el 40% de los fondos al Programa Vida Mejor; orienten el 20% a los proyectos relacionados con el Programa Nacional Todos por la Paz y coloquen el 10% en proyectos relacionados con el Programa Pro Honduras.
Otro aspecto relevante, es la relación entre la política pública sustentada en los bonos y su instrumentalización para fines político-electorales y una prueba de ello es que en las elecciones generales de 2013 se evidenció que la política pública de protección social no está blindada o libre de la injerencia política. Esto fue señalado de manera directa por el Informe Final de Observación Electoral de la Unión Europea.
De acuerdo a cómo se desarrolla el contexto actual, no se descarta que los riesgos en la utilización de los recursos públicos para fines políticos partidarios se incrementen, ya que se ha identificado una estrategia que concentra a funcionarios de gobierno que estarán comprometidos directa o indirectamente con el partido político de gobierno.
Asimismo refiere que un estudio de la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ) plantea que existe politización partidaria alrededor del programa Bono 10,000, porque la imagen oficial es a favor del Presidente de la República, se utiliza las jornadas de entrega para fines políticos del partido en el gobierno y porque hace falta reglamentar el abuso del programa para fines políticos electorales.
El informe también indica que desde el gobierno de Manuel Zelaya, específicamente a partir de la experiencia del la Red Solidaria, en la agenda gubernamental ha estado planteada “la necesidad de superar la fragmentación y las acciones aisladas de programas y proyectos dentro del campo de lo social”, así como la “de articulación y alineamiento de las intervenciones del Estado”.
