Desde una perspectiva democrática, las elecciones limpias y transparentes son parte constitutiva de los derechos humanos civiles y políticos. Esto significa que no basta el acceso de la ciudadanía a las urnas, siendo fundamental que todo el proceso que antecede al día del ejercicio del sufragio el Estado asegure los derechos civiles y políticos básicos, tales como el derecho a la libertad de expresión, asociación, movilización y otros.
En este punto destacan cuatro instrumentos internacionales ratificados por el gobierno hondureño: i) La Declaración Universal de los Derechos Humanos; ii) El Pacto Internacional para los Derechos Civiles y Políticos; iii) La Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación Racial; y, iv) La Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDM, 1979). Todos estos tratados, en algunos de sus artículos, registran lo que podemos llamar estándares internacionales para la realización de elecciones auténticamente democráticas.
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