Un presupuesto General que prioriza el crecimiento, la competitividad y la seguridad en detrimento del gasto y la inversión social, es la tendencia más relevante del presupuesto 2017. La exclusión también es extensiva a las demandas que hacen las mujeres para contrarrestar los femicidios y asesinatos contra mujeres en el país.
La anterior es una de las conclusiones del estudio: “¿Hay espacios dentro del presupuesto 2017 para atender los derechos de las mujeres? Análisis de las tendencias y orientaciones de las disposiciones de presupuesto de 2017”, que realizó el Centro de Estudio para la Democracia –CESPAD-, en el marco del Programa de Justicia de Género de OXFAM International, que por tercer año analiza las tendencias y orientaciones del presupuesto aprobado para el siguiente ejercicio fiscal.
El estudio tiene como finalidad entrever los espacios posibles dentro del presupuesto, para los gastos a favor de las mujeres y la atención de sus principales problemas, algo que de acuerdo con el análisis presupuestario se dificulta, particularmente, desde que se reformó la actual estructura estatal, brindando mayor atención en el presupuesto al fortalecimiento de los gabinetes sectoriales y la deuda pública, que de forma conjunta absorben el 97% del gasto. Esta situación, sostiene el documento, deja a los otros poderes, aglutinados en la categoría “Otros Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo” (Corte Suprema, Congreso Nacional y Ministerio Público), con el 2.4%.
De acuerdo con el CESPAD, la regresividad que presenta el presupuesto se ha acentuado en los últimos años, a partir de las exigencias derivadas de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la consecuente política fiscal contractiva. Esto se plasma en medidas de reducción de la inversión social y el gasto público, sumado al incremento de los impuestos, sobre todo indirectos.
De acuerdo con Francisco Saravia, miembro del equipo consultor del CESPAD, “es importante prestarle atención al peso que tienen los gastos financieros del Estado y del pago de la deuda pública, porque se les asigna un poco más de la quinta parte de presupuesto para su pago. Se trata de una deuda que se encareció mediante el financiamiento de los continuos gobiernos, a través de la deuda interna, a partir del golpe de Estado”.
La deuda pública (que representa el 57% del rubro) y los servicios financieros de la administración central (que representa el 19%) son los de mayor peso y han ido en aumento. Ambas cuentas (que juntas hacen el 76% del rubro) representan un fuerte impedimento para cubrir el gasto y la inversión social en general, y para el gasto a favor de la mujer en particular.
De los ocho Gabinetes Sectoriales, en los cuatro que contienen el gasto social en general, las asignaciones presupuestarias han decrecido. Este es el caso del Gabinete de Desarrollo e inclusión Social, que bajó levemente de 44, 743 millones a 44, 731 millones; el de Infraestructura productiva cuya disminución fue de 37,723 a 36,960 millones; el de Gobernabilidad y Descentralización que también bajó de 7,263 a 5,899 millones, y el de prevención que decreció de 1458 a 1293 millones.
