El pueblo hondureño ha sido testigo de una serie de situaciones que NO han permitido la
transparencia anhelada en el proceso de selección de las y los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y que comienzan con los cuestionamientos del nombramiento de la Junta Nominadora –JN-, la que a su vez, jamás hizo públicos los criterios y puntuación que sustentaron la selección de los 97 preseleccionados.
El proceso ha tenido aspectos positivos, como el hecho de someter a audiencias públicas a los aspirantes a magistrado/as. Sin embargo, ese proceso generó preocupación y desencanto por el contenido de las preguntas planteadas a las y los concursantes, pues no permitieron medir los méritos profesionales o las capacidades técnicas de las y los aspirantes; jamás se dio a conocer a la población, los resultados de esas audiencias públicas.
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