En la semana del 14 al 20 de septiembre uno de los hechos más relevantes lo constituyó la entrega oficial por parte de la OEA, al Presidente de la República, de la propuesta para la reforma del sistema de justicia. Este acontecimiento movió todavía más la correlación de fuerzas a favor del Ejecutivo, dada las expectativas de algunos sectores sociales que consideraron que la medición de este organismo internacional podría ser un camino que facilitaría la anuencia gubernamental a la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH). Su impacto negativo en el estado anímico de un sector de los movilizados con las antorchas ha sido evidente en las últimas manifestaciones.
No obstante, esto confirmó lo que ya algunos analistas adelantaban, en el sentido que el rol de la OEA era el de ganar tiempo y de jugar al desgaste del movimiento social a favor del gobierno de la República. En todo caso, llama la atención las declaraciones de la representante de las Naciones Unidas en el país, Consuelo Vidal, en el sentido que este organismo “desconoce los detalles de la propuesta” presentada por la OEA. Además, rescata que el rol de las Naciones Unidas consistía en apoyar a la OEA “en la parte preparatoria del diálogo”. Es un hecho que negociaciones de último momento apartaron al facilitador de la OEA y a este organismo regional de su mandato original, o por lo menos de lo que trataron de hacerle creer a la ciudadanía hondureña.
