El Gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) inició su mandato el 27 de enero con una legitimidad precaria. En las elecciones de noviembre de 2013, apenas obtuvo el 36.89% de los votos válidos. Pero más allá del porcentaje de votos obtenido, la precariedad de la legitimidad de origen de JOH se debe a hechos como los siguientes:
• Los partidos Libertad y Refundación y el Partido Anticorrupción no reconocieron los resultados y todavía los siguen cuestionando y desconociendo. Estos dos partidos políticos obtuvieron juntos el 42.21% de los votos válidos.
• Un amplio sector de la ciudadanía hondureña tiene la percepción de que el triunfo electoral de JOH fue logrado sobre la base del fraude.
• Los observadores internacionales y nacionales hicieron cuestionamientos serios acerca de las irregularidades del proceso electoral.
El Gobierno ha llevado adelante políticas que han profundizado el malestar de la ciudadanía. De esta manera, de la precaria legitimidad de origen se pasó a un mayor nivel de erosión de la legitimidad de desempeño gubernamental.
Entre estas situaciones que generan descontento ciudadano se identifican los hechos siguientes:
• La remilitarización de la seguridad. Cada vez más los militares se convierten en los reales protagonistas de la seguridad y los policías adoptan una actitud de subordinación al viejo estilo de los años ochenta, lo que ha llevado a una serie de abusos de poder y violaciones de los Derechos Humanos.
• La habilitación de la reelección. Mediante un fallo de la Sala Constitucional, como respuesta a un recurso de inconstitucional presentado por un grupo de diputados nacionalistas acompañados de diputados de UD3 y el PDCH4 y otro recurso sobre el mismo tema presentado por el ex Presidente Rafael Leonardo Callejas. Además, hay que recordar que la Sala Constitucional fue impuesta ilegalmente por el Congreso Nacional de la República, en
diciembre de 2012, mientras el actual Presidente de la República fungía como Presidente del Poder legislativo.
• El Presidente JOH mantiene un fuerte control y subordinación de los poderes Legislativo y Judicial al Poder Ejecutivo. Lo anterior permite afirmar que la separación y autonomía entre los poderes del Estado ha desaparecido casi por completo en el Gobierno actual.
• La prevalencia de los altos niveles de corrupción (el caso del IHSS es el caso más visible, pero no es el único) y la percepción negativa de la ciudadanía debido a que se hace muy poco o casi nada para combatir este flagelo.
• La persistencia de los altos porcentajes de hogares en situación de pobreza, la precariedad laboral y el creciente desempleo.
• Los despidos de empleados públicos. Siendo más visibles los de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).
• Existen denuncias permanentes de organizaciones de Derechos Humanos. Estas denuncias evidencian la violación sistemática de los mismos con la participación directa o indirecta por complicidad, de las autoridades gubernamentales.
A todo lo anterior hay que agregar que el Presidente ha mantenido un estilo de Gobierno autoritario, excluyente y de criminalización de la oposición política y social. Toda esta situación ha llevado a que amplios sectores de la ciudadanía hondureña estén impugnando en las calles al Gobierno que encabeza JOH.
